Este artículo forma parte de la campaña ‘Comunicación, pymes y ODS’ promovida por la Asociación de Directivos de Comunicación con el objetivo de que pequeñas y medianas empresas puedan desenvolverse como organizaciones clave en el desarrollo de la economía social a través de la comunicación
Con la entrada en vigor de la Ley 11/2018[1] se amplió significativamente el número de sociedades obligadas a presentar el estado de información no financiera frente al Real Decreto-ley 18/2007. En enero de 2022 se sumaron nuevos agentes a esta norma, como aquellas empresas que hubieran tenido una media de 250 personas trabajadoras en su plantilla en el año fiscal inmediatamente anterior o que cumplan algunas situaciones como la de tener 20 millones de euros en activos o 40 millones de euros en volumen total de negocio, entre otras condiciones. Próximamente habrá cambios con respecto a los actuales informes, dado que la Comisión Europea adoptó durante este 2022 una nueva propuesta de Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), que modificará los requisitos marcados por la anterior directiva.
Por tanto, son cada vez más las empresas – entre ellas muchas pymes – que se enfrentan al reporte de información no financiera, ya sea a través de una Memoria de Sostenibilidad, de un Informe Integrado o del EINF. Estos documentos son una potente herramienta de comunicación para los diferentes grupos de interés, ya que plasman el compromiso de la organización con la sostenibilidad, potencian la confianza y la reputación, e identifican nuevas oportunidades derivadas de los retos sociales.
Alfredo Echevarría, director de Análisis en Lighthouse – IEAF Servicios de Análisis, explica en el siguiente vídeo cómo la comunicación ayuda a la divulgación de información no financiera en las pymes y comparte los factores que deben tener en cuenta pequeñas y medianas empresas al realizar un reporte de estas características.
[1] La ley 11/2018 del 28 de diciembre de 2018, tiene como objetivo la identificación de riesgos, para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general. Para ello, incorpora al Derecho español la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad.
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